La cara física de la economía digital rara vez aparece en una pantalla. A veces se encuentra, en cambio, en un boletín oficial y tiene forma de parcelas.
El 18 de agosto de 2026, el Boletín Oficial de Aragón publicó una nueva delimitación del proyecto Rhodes, previsto en Calatorao, Zaragoza. El documento identifica 405 parcelas afectadas por las infraestructuras exteriores necesarias para el campus y declara la utilidad pública y la urgente ocupación de los bienes implicados, con Calanza Inmuebles como beneficiaria del procedimiento expropiatorio.
Rhodes tiene prevista una capacidad de suministro eléctrico de hasta 650 MW desde la subestación de Calatorao mediante cuatro líneas subterráneas. Es una magnitud de conexión, no una medida de consumo real ni una predicción de cuánta electricidad utilizará el campus. Tampoco puede afirmarse todavía, con la documentación disponible, que el complejo esté materialmente en construcción.
Pero esas cautelas no reducen la importancia de lo que está ocurriendo. La amplían.
Porque detrás de una industria que tendemos a imaginar como inmaterial empieza a aparecer una geografía extraordinariamente física: hectáreas de suelo, líneas de alta tensión, subestaciones, tuberías, carreteras, permisos ambientales y derechos sobre propiedades que pueden encontrarse a kilómetros del edificio que albergará los servidores.
La IA, junto con el crecimiento continuado del cloud y de otras cargas digitales, está acelerando la demanda de ese tipo de infraestructura. La nube, en realidad, está aterrizando.
Cuando estar cerca de la ciudad deja de ser lo más importante
Durante buena parte del desarrollo de internet y del cloud europeo, los grandes centros de datos tendieron a concentrarse alrededor de unos pocos hubs: Londres, Frankfurt, Ámsterdam, París o Dublín. Estar cerca de grandes mercados, redes de telecomunicaciones y usuarios tenía valor.
Ese equilibrio empieza a modificarse.
Según datos de JLL recogidos por Reuters, los grandes centros hyperscale europeos previstos para 2026-2028 se encuentran, de media, a 175 kilómetros del principal núcleo urbano más cercano. Los entregados entre 2022 y 2025 estaban a 46 kilómetros.
No significa que los centros de datos estén abandonando las ciudades ni que todos los proyectos anunciados vayan a construirse. Hablamos de un pipeline que puede retrasarse, reducirse o desaparecer. Pero la distancia constituye una señal de cambio en la lógica de localización: cuando un campus necesita decenas o cientos de megavatios, grandes extensiones de terreno y largos procesos administrativos, encontrar dónde conectarlo puede pesar más que estar unos kilómetros más cerca de una capital.
La proporción de proyectos greenfield en la muestra de JLL apunta en la misma dirección: pasa del 8% entre los proyectos ya entregados al 39% del pipeline futuro.
La IA está acelerando esa transformación, aunque sería incorrecto atribuirle todos los proyectos. Centros como el de Nscale en Loughton están diseñados expresamente para infraestructura de IA y computación de alto rendimiento; Start Campus ha anunciado cargas relacionadas con Microsoft y Nscale en Sines; Data4 presenta su futura infraestructura de Escaudain vinculada al crecimiento del cloud y la IA. Otros grandes campus, como Rhodes, ACS o Vantage, son infraestructuras de datos de propósito más amplio cuya documentación no permite etiquetar simplemente como «centros de IA».
La distinción importa. La inteligencia artificial es uno de los aceleradores de la demanda de cómputo, no una explicación universal para cada megavatio anunciado.
Aragón como laboratorio de una nueva geografía industrial
Pocos territorios españoles permiten observar el fenómeno con tanta claridad como Aragón.
En Calatorao, Rhodes ordena 223,4 hectáreas para un proyecto que prevé ocho edificios y toda una infraestructura eléctrica asociada. En Luceni, Green IT Aragón plantea un desarrollo escalonado con acceso favorable de 131 MW en su primera fase, 181 MW en la segunda y una demanda final prevista de 300 MW. En La Puebla de Alfindén, ACS cuenta con 150 MW de capacidad concedida para un campus que incorpora nuevas subestaciones y líneas de alta tensión.
No son únicamente edificios tecnológicos. Son actuaciones territoriales.
En el proyecto de ACS, por ejemplo, la transformación afecta a unos 255.000 metros cuadrados de suelo industrial e incluye una subestación remota 400/220 kV, otra de campus 220/30 kV, nuevas líneas y nueva infraestructura de agua. En Rhodes, las conexiones exteriores alcanzan varios municipios y centenares de parcelas.
El centro de datos deja así de poder entenderse únicamente mirando su recinto.
Su verdadera huella puede extenderse por los corredores eléctricos que necesita, por la infraestructura hidráulica que lo abastece o por las subestaciones que deben construirse para conectarlo. El conflicto territorial, cuando aparece, tampoco tiene por qué surgir en el edificio: puede hacerlo varios kilómetros más allá, allí donde pasa una línea o se necesita ocupar una finca.
Aragón reúne además dos elementos atractivos para esta industria: grandes superficies disponibles y un importante despliegue de generación renovable.
Pero una elevada disponibilidad de generación eléctrica en un territorio —renovable o no— no implica que exista capacidad de red suficiente para conectar nueva demanda en el nudo, el lugar y el momento en que un proyecto la necesita.
Y ahí comienza probablemente la parte más importante de esta historia.
El recurso escaso es conectarse a la red eléctrica
La expansión de la generación y la disponibilidad de capacidad para nueva demanda son problemas distintos. La electricidad debe poder llegar físicamente al punto de consumo a través de una red con capacidad suficiente, y esa capacidad no es ilimitada.
La CNMC informó en 2025 de que más del 60% de las solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de nueva demanda y almacenamiento presentadas en distribución durante 2024 habían sido denegadas. En conjunto, alrededor de 40 GW fueron rechazados por falta de capacidad.
Esos 40 GW no corresponden a centros de datos: incluyen diferentes tipos de demanda y almacenamiento. Precisamente por eso el dato resulta significativo. Los centros de datos están entrando en una competición por capacidad eléctrica en la que también participan nueva industria, electrificación, vivienda, movilidad, baterías y otros consumidores.
MITECO ofreció otra medida de la presión existente: desde 2020 se habían concedido derechos de acceso para proyectos de nueva demanda por más de 43 GW, frente a una demanda máxima del sistema eléctrico español de 38,2 GW en 2024.
Tampoco significa que esos 43 GW vayan a conectarse. Muchos proyectos nunca llegarán a ejecutarse. Pero muestra el tamaño del pipeline que aspira a utilizar una infraestructura cuya ampliación requiere tiempo, inversión y planificación.
La pregunta empieza así a cambiar. Ya no es simplemente cuánta electricidad necesita un centro de datos, sino quién obtiene acceso a una infraestructura eléctrica finita, dónde y bajo qué condiciones.
España está intentando ampliar y gestionar mejor esa capacidad. La propuesta de planificación de la red de transporte con horizonte 2030 contempla unos 13.590 millones de euros de inversión y da prioridad a nuevas necesidades industriales. Desde abril de 2026, además, la CNMC publica mapas conjuntos de capacidad disponible para demanda, generación y almacenamiento.
Y el 11 de agosto de 2026 se publicó en el BOE un nuevo régimen de permisos de acceso flexible aprobado por la CNMC: determinados consumidores podrán conectarse incluso allí donde no exista capacidad firme si aceptan adaptar o reducir su demanda cuando la seguridad del sistema lo requiera.
Para una industria intensiva en electricidad, ese cambio regulatorio puede resultar tan relevante como una nueva generación de chips.
Lo que todavía es difícil comparar
Electricidad y suelo son la columna vertebral de estos proyectos, pero no sus únicas implicaciones. Agua, empleo, fiscalidad y sostenibilidad forman parte también de la conversación, aunque la documentación disponible obliga a manejar con cuidado las comparaciones.
El agua es un buen ejemplo. ACS declara para La Puebla de Alfindén un consumo ordinario de 9,31 metros cúbicos diarios, además de 1.585 metros cúbicos extraordinarios durante el primer año para circuitos e incendios. Vantage afirma que su sistema de circuito cerrado refrigerado por aire tendría un WUE prácticamente nulo, pero no publica en la documentación revisada un volumen directamente comparable. Start Campus sostiene que su diseño de Sines utiliza agua de mar y no consume agua dulce para refrigeración.
Son tecnologías distintas y también métricas distintas. Con estos datos no es riguroso concluir ni que todos los nuevos centros sean grandes consumidores de agua ni que hayan dejado de serlo.
El empleo plantea un problema parecido. Green IT estima entre 260 y 320 puestos directos e indirectos durante explotación y mantenimiento; Data4 anuncia alrededor de 2.400 empleos permanentes a plena operación en Escaudain; AWS calculó que su expansión aragonesa apoyaría 17.500 empleos anuales en negocios locales. Construcción, empleo directo, contratas e impacto económico inducido son categorías diferentes y, mientras los proyectos no estén operativos, buena parte de estas cifras siguen siendo previsiones.
Tampoco el dossier demuestra que la fiscalidad sea el principal motor de esta nueva geografía. En Aragón aparece con más claridad la agilización administrativa asociada a las declaraciones de interés autonómico o general. Es una ventaja procedimental, no necesariamente fiscal.
Y las promesas renovables también requieren precisión. Generación directa, PPAs, garantías de origen o matching anual no son equivalentes, y cualquier centro necesita continuidad eléctrica y respaldo. La sostenibilidad de esta infraestructura no puede leerse únicamente en el color verde de un render.
Europa está descubriendo el peso de lo digital
Aragón es un caso especialmente visible, pero no una anomalía.
En Portugal, el primer edificio de SINES Data Campus funciona desde finales de 2024 con 26 MW, mientras el promotor declara para el conjunto del futuro campus hasta 1,2 GW de capacidad IT asegurada. En el norte de Francia, Data4 ha anunciado un campus de 700 MW sobre 33 hectáreas de una antigua zona industrial de Escaudain. En Reino Unido, Nscale proyecta en Loughton una infraestructura para IA y HPC de 50 MW escalable hasta 90 MW.
Son fases, escalas y modelos diferentes. Algunos están operativos parcialmente; otros siguen siendo proyectos anunciados. No deberían sumarse como si todos esos megavatios fueran ya una realidad.
Pero juntos muestran algo más profundo.
Durante años hablamos de digitalización como si significara desmaterialización. Cada servicio que migraba a la nube parecía desprenderse de oficinas, archivos, objetos y distancia física.
La expansión del cómputo está revelando la otra mitad de esa historia.
Cuanto más sofisticada se vuelve la economía digital, más crítica se vuelve la infraestructura material que la sostiene. La IA puede responder en segundos desde una pantalla, pero detrás existen decisiones que tardan años: dónde construir una subestación, qué nudo de la red ampliar, cómo llevar agua hasta un campus o qué terrenos deben ocuparse para que llegue una línea eléctrica.
Las 405 parcelas afectadas por las conexiones exteriores de Rhodes son una buena imagen de esa paradoja.
La inteligencia artificial puede parecer una tecnología sin lugar.
Pero para crecer necesita encontrar uno.